Drets, no favors

Les empreses (capitalistes) no són estructures ni democràtiques ni igualitàries. Una empresa és propietat del capitalista (qui posa el capital o la inversió inicial) cosa que li dóna dret, segons la llei, a controlar tot el que es fa en aquesta i actuar amb un poder asbolut. Poden decidir en què treballa l'empresa, els salaris, el nombre de treballadors, qui són els caps, les jerarquies, l'organització, etc. Dins d'aquest poder de l'empresari només hi ha dos límits: la llei (el salari mínim, el conveni colectiu, l'estatut del treballador, la llei d'igualtat, etc) i els sindicats. Els sindicats són el contra poder que permet als treballadors associar-se per lluitar pels seus drets amb dues eines: les vagues per pressionar (nous convenis o millors condicions) i la llei per fer-la complir.
Al si d'unes estructures tan jerarquitzades , molts treballadors opten per fer seguidisme dels caps i l'empresari per aconseguir-ne els favors o per poder promoure dins de l'empresa, i no a partir dels drets i la transparència. A quanta gent li podem sentir dir, “a la meua feina no hi ha comité, però no cal, perquè el meu cap em deixa tenir vacances quan vull o em dóna un sobre extra amb diners en mà si crec que ho he fet bé o tinc horaris flexibles”. En el marc d'una societat despolititzada, el millor sembla ser “portar-se bé amb el cap” per poder obtenir “favors”. Sense menysprear el paper del tarannà a l'hora de dirigir una empresa, els favors depenen de qui els fa: la qual cosa li dóna tot el poder al cap o l'empresari que quan vulgui pot tallar l'aixeta dels favors. Els favors s'agraeixen i donen submissió, els drets estan garantits i es poden exigir.
Els drets, això si, per la seua aplicació efectiva necessiten un comité d'empresa que els faça complir, però són més duradors que els favors, que poden desaparéixer segons el criteri subjectiu d'un cap o empresari que no sempre va a mirar pel treballador sino que els atorga en funció de filies i fòbies. En el món de l'empresa vivim marcats pel que s'anomenaria, si fos política, clientelisme. Un veí que vol estar sempre a prop del poderós per rebre'n els favors i no s'atreveix a qüestionar-lo és un serf, el que opta per poder criticar-lo i enfrontar-s'hi és ciutadà lliure. O, en resum, al món de l'empresa s'aplica més el caciquisme que la política democràtica, la valoració real dels mèrits personals, el reconeixement dels drets, o la recerca de la igualtat d'oportunitats entre les persones.

La precariedad que nunca será noticia

Rara vez se habla en los medios de la precariedad laboral. Aún más si los afectados son los propios emisores de la información. El proyecto de un estatuto profesional intenta hacer frente a esta situación.

PROBLEMAS LABORALES. La precariedad, el intrusismo, el paro y la baja remuneración, junto con las agresiones a la libertad de expresión, son las mayores preocupaciones de los periodistas según la Asociación de la Prensa de Madrid.

Pocas veces se habla de la precariedad laboral en los medios de comunicación, y raramente de los conflictos laborales existentes: en los últimos meses Telecinco y La Vanguardia han vivido huelgas de las cuales sus propios informativos no han dado noticia. Uno de los problemas del periodismo es la baja afiliación y actividad sindical, que tiene que ver con la poca conciencia de la capacidad de mejora de las condiciones laborales de manera colectiva. “La única manera de combatir con la precariedad es la lucha sindical, hay que ser rebeldes. Hay que perder los miedos y no estar dispuestos a tragar con según que condiciones”, indica Fabián Nevado, secretario de Acción Sindical del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), en unas declaraciones en el marco de su V Congreso del 12 y 13 de noviembre.

El SPC nació hace 12 años y es impulsor de la Federación Estatal de los Sindicatos de Periodistas (FESP), implantada actualmente en siete comunidades autónomas y con más de 1.300 afiliados. Aunque no es el sindicato mayoritario en el sector, ha presentado, a través del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Izquierda Verde (IU-IV), la propuesta de ley del Estatuto del Periodista Profesional (EPP) que pretende regular el derecho a la información y la Ley de Derechos Laborales para una profesión anclada en la precariedad. La propuesta ha recibido también el apoyo del Foro de Organizaciones de Periodistas que integra a la Agrupación de Periodistas de CC OO y de UGT, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Colexio de Xornalistas de Galicia y FESP. De lo que se trata es de dar un marco legislativo mínimo a las reivindicaciones laborales de los periodistas, y una garantía al derecho de la información. “Este estatuto abre una nueva etapa que puede garantizar los derechos profesionales y laborales de periodistas. Por eso es tan fuerte la presión de la patronal de las empresas informativas que se deja sentir en los grupos parlamentarios”, indica Enric Bastardes, secretario general de la FESP.

Estatuto de los periodistas

“En el momento en que un periodista trabaja en precario, afecta al derecho a la información, no sólo se pierde en dignidad del trabajador sino que el periodista pierde margen para enfrentarse a presiones políticas y económicas”, señala Joan Herrera, diputado en el Congreso por IU-IV, que también estuvo presente en el congreso del SPC. Los detractores de la propuesta la califican de estalinista e intervencionista por atacar la libertad de empresa y la libertad de expresión. “Muchas veces cuando los medios hablan de autorregulación se refieren más bien a la no regulación, a que nada cambie para que todo continúe igual”, responde Herrera.

“El sector empresarial considera que lo mejor es la inacción total del Estado, los sindicatos por su parte quieren que el Estado establezca un marco legal de garantías. La ley que se apruebe al final, probablemente, tendrá que ser un punto intermedio entre las dos posturas”, afirma Meritxell Batet, diputada del Partido Socialista de Catalunya y también presente en el congreso del SPC. Para Batet la información no es una mercancía y las empresas informativas no pueden estar reguladas exclusivamente por el mercado porque afectan al desarrollo del derecho a la información. La propuesta de EPP también pretende regular derechos como la cláusula de conciencia y el secreto profesional, la libertad de creación, el derecho de autor y de firma, así como el libre acceso a las fuentes informativas.

El Comité Profesional, una propuesta del EPP, será un grupo de periodistas que en el propio medio velarán por el cumplimiento del derecho a la información y de los derechos profesionales del informador. Por otra parte, también incluido en el EPP, el Consejo de la Información sería el responsable de otorgar las acreditaciones profesionales, de la observación de las normas deontológicas del seguimiento a la aplicación del EPP y de crear un observatorio para estudiar la situación de la profesión, todo ello con capacidad de sanción. “Algunos dicen que es una intromisión de la política, pero los políticos están para regular el mercado. De hecho no deja de ser curioso que en lo único en que coinciden El País y El Mundo sea en rechazar el Estatuto de Periodistas”, explica Dardo Gómez, secretario del SPC.

HORAS EXTRAS, SUBCUALIFICACIÓN Y FALSOS AUTÓNOMOS

La precariedad laboral en la prensa diaria se concreta en lo que se conoce como periodista colaborador, al que se induce a darse de alta en régimen de autónomos que esconde una relación laboral encubierta en fraude de ley. Pero no es la única posibilidad, también se les puede atribuir un convenio con condiciones peores al de prensa diaria y no diaria de ámbito estatal. En algunos casos los periodistas figuran como administrativos para que su puesto de trabajo tenga un coste laboral inferior al que tendría un profesional con la categoría correspondiente. O se les contrata, dentro del convenio de prensa diaria y no diaria, pero como ayudante, con lo que se les rebaja su sueldo. "En radios y televisiones, tanto públicas como privadas, es habitual que se arrincone a las plantillas propias para contratar a ‘estrellas mediáticas’ que tienen sus propias productoras con condiciones laborales habitualmente pésimas con un sueldo medio de 600 euros al mes o bien a ‘profesionales independientes’. Los dominicales, semanarios o revistas mensuales trabajan con una estructura laboral muy pequeña: cuentan con un director, un redactor jefe, un maquetista y el corrector, y el 90% del contenido es elaborado por los llamados colaboradores", explica en un informe elaborado para el congreso del sindicato catalán Fabián Nevado, secretario de Acción Sindical del SPC.

Según este estudio las revistas de información general y las especializadas son las que más fomentan la desregulación. En el periodismo digital, por su parte, es generalizado que se les contrate como auxiliares administrativos. En las agencias de noticias, las condiciones laborales son de larguísimas jornadas y salarios entre 500 y 600 euros mensuales. Frente a esta situación la Ley de Derechos Laborales define a la profesión periodística, la vincula a la titulación universitaria y a los convenios colectivos, limita el número de becarios y les otorga una serie de derechos. Reconoce a los colaboradores como trabajadores, plantea integrarlos en el Régimen General de la Seguridad Social y pone un límite del 10% de la plantilla para este tipo de trabajadores. Con una tramitación larga deberemos esperar dos años para que estas medidas se aprueben definitivamente.